Lima, 27 feb (Prensa Latina) Entre dudas y críticas empezó hoy en Perú la cuenta regresiva de la posible destitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que impulsan el bloque de derecha extrema y sus aliados en el Parlamento.
La sesión del pleno congresal que debatirá y votará sobre el cese de los siete integrantes de la JNJ fue fijada para el 6 de marzo y, si bien el dictamen de la Comisión Permanente fue ampliamente favorable a la medida, la ratificación no está plenamente asegurada.
Legisladores de la mayoría parlamentaria consideran casi seguro conseguir su objetivo, pese a que el cese de cada uno de los magistrados no alcanzó ayer en la comisión citada los dos tercios de sus miembros, mayoría exigida para su aprobación en el pleno, donde la correlación de fuerzas es similar a la de la comisión.
También es cierto que el margen de incertidumbre en casos como el actual es grande, como ocurrió en noviembre de 2020, cuando un grupo de congresistas varió el voto que había anunciado y decidió sorpresivamente la destitución del hasta entonces presidente Martín Vizcarra.
El vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, hizo un pronóstico moderadamente optimista, al afirmar que no es imposible que el bloque adverso a los magistrados no alcance los dos tercios del total de congresistas, es decir 67 de los 130.
Sin embargo, el diario La República afirma que «Nada detiene al Congreso y a sus líderes, en su afán de capturar el sistema de justicia en el Perú», a donde apunta el bloque conservador, según sus opositores y analistas políticos y juristas.
El legislador de derecha extrema Alejandro Cavero pareció confirmar ese afán cuando, ante la posibilidad de que el cese de sus miembros paralice a la JNJ, mencionó que el Congreso podría crear una nueva instancia que, como la junta, nombre y destituya a jueces y fiscales, facultad que, dijo, le otorga gran poder político.
El principal abogado de los magistrados en la sesión de ayer que dio luz verde a su destitución, Samuel Abad, hizo notar el hecho que ni el informe aprobado ni las intervenciones de los congresistas que votaron por el cese respondieron los argumentos jurídicos de los defensores de la JNJ.
Abad sostuvo que no hay nada que justifique la infracción constitucional que los legisladores atribuyen a los magistrados que en 2020 interpretaron que una de ellos, Inés Tello, podía continuar hasta cumplir los 75 años fijados para integrar la junta, hasta completar los cinco años fijados por la carta magna.
Argumentó también que no hay una edad límite entre las causales de cese y que ni la comisión que designó a los jueces ni el parlamento, se opusieron a la nominación de Tello, de lo cual fluye que los 75 años son solo la edad límite para postular a la JNJ.
En ese contexto, el Tribunal Constitucional, considerado conservador, introdujo un elemento de confusión al ordenar que el exlegislador derechista Marco Falconí se integre a la JNJ en vez de uno de los miembros, tras validar su reclamo contra su eliminación del concurso que definió a los miembros en 2018.
Dudas sobre posible defenestración de magistrados en Perú
